Con fundamento en el artículo 333 de la Constitución Política, las normas relativas a la protección del derecho a la libre competencia económica, la libertad de empresa y bajo el principio de la autonomía de la voluntad privada, las salas de cine pueden tener sus propias políticas o reglas internas que atiendan aspectos de salubridad pública y garanticen el goce efectivo de los derechos de los demás usuarios respecto del servicio que se presta.


 

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El estatuto del consumidor reconoce expresamente en el numeral 5 del artículo 1 la calidad de consumidores que tienen los niños, niñas y adolescentes, a quienes les son aplicables integralmente todos los derechos previstos en esta Ley y en las normas que la reglamenten.

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El vistoso bus oficina, amarillo, azul y rojo de la Red Nacional de Protección al Consumidor ha pasado por la tierra del maestro, Lucho Bermúdez, El Carmen de Bolívar, y se dirige por la Ruta del Sol III, a la altura del corregimiento La Gloria, Magdalena, pasando por los municipios de 

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Las operaciones como la captación, grabación, transmisión, almacenamiento, conservación o reproducción, en tiempo real o posterior, entre otras, son consideradas como tratamiento de datos personales y, en consecuencia, se encuentran sujetas al régimen general de protección de datos personales previsto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012.

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La facturación de los equipos terminales móviles financiados por el proveedor de servicios de comunicaciones debe realizarse de manera separada de los servicios de comunicaciones contratados y no puede afectar la prestación o continuidad del servicio por el cumplimiento de las obligaciones del equipo financiado.

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La garantía de los equipos terminales móviles (en adelante, ETM) procede bajo los parámetros de la Ley 1480 de 2011 y para los bienes nuevos cuenta con el término de un (1) año cuando el productor o proveedor no indique cosa en contrario. Mientras que, los usados en los que haya expirado el término de la garantía legal, pueden ser vendidos sin garantía, siempre y cuando se informe al usuario de tal situación; esta última, situación que debe aceptarse por escrito, en caso contrario ante el silencio del comercializador se acogerá un término de tres (3) meses.

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Los acuerdos colusorios se prolongan durante la fase de ejecución contractual a través de la subcontratación, como lo acreditó en el caso concreto la Superintendencia, pues fue en la fase de ejecución que los investigados fueron contratados.

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