Al estudiar el recurso de apelación interpuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca encontró que contrario a lo argumentado por el demandante, la Superintendencia de Industria y Comercio no había vulnerado el principio de tipicidad, al sancionar la participación del demandante en un acuerdo anticompetitivo aplicando lo dispuesto en la Ley 1340 de 2009.
En respuesta a una consulta sobre la vigencia de los saldos a favor en la cuenta de un cliente por concepto de devolución de mercancía, la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio analizó el tratamiento normativo aplicable y estableció la viabilidad de aplicar por analogía las disposiciones de la Circular Externa 006 de 2014, incorporadas en la Circular Única de la entidad.
El tratamiento de datos personales en servicios de computación en la nube, como FIREBASE, debe cumplir con los principios establecidos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015. En este contexto, la Superintendencia de Industria y Comercio resalta la importancia de garantizar medidas de seguridad adecuadas, especialmente cuando se manejan datos sensibles, como información clínica, incluso en su forma anonimizada.
Mediante Resolución 79636 del 13 de diciembre de 2024, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la apertura de una investigación y formuló pliego de cargos contra varias empresas y personas naturales por presuntas prácticas restrictivas de la competencia en los procesos de selección adelantados por la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN (UNP).
La Superintendente Delegada para la Propiedad industrial, por medio de la Resolución 81083 de 19 de diciembre de 2024, confirmó la decisión proferida por el Director de Signos Distintivos, en el sentido de negar la solicitud de registro de la marca mixta RAMÓN CACHACO, para identificar productos comprendidos en las clases 5, 9, 14,16, 18, 25, 28, 30, 32, 33 y 34 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal p) del artículo 135 de la Decisión 486 de la
Al imponer la sanción, la Delegatura señaló que el literal a) del numeral 11 del artículo 58 del Estatuto del Consumidor no establece ningún parámetro para aquellos eventos en los que un acuerdo se compone de múltiples obligaciones, lo que genera dos cuestionamientos en virtud de los cuales i) ¿debe imponerse una multa por cada obligación incumplida contenida en el acuerdo?, ii) ¿se debe imponer una multa por la totalidad del acuerdo?
La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una sanción de $138.023.296 a la SOCIEDAD CONSTRUIR COMUNDO S.A.S. en Liquidación, por no suministrar información clara, veraz, verificable y precisa sobre los plazos para realizar los pagos de los créditos otorgados a través de las aplicaciones POPCASH, EASTBAY y 360 CRÉDITO, el carácter opcional de los cobros por uso de las aplicaciones, fallas en la calidad de los servicios de desembolso de los créditos, y los procesos de cobranza que adel
La Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la multa impuesta a la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. por la suma de $1.553.579.460 por el incumplimiento de las normas de protección al consumidor al emitir y divulgar publicidad engañosa en relación con la promoción HBO Max Gratis hasta el 31 de diciembre de 2021.
La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa a un almacén de juguetes infantiles por no cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico de Juguetes, en uno de sus productos. En la investigación, se evidenció que el juguete estaba siendo comercializado sin información esencial en su etiquetado, como la referente a las restricciones de edad, advertencias y precauciones de uso, entre otras. Además, los juguetes no contaban con el certificado de conformidad, lo que impide acreditar la seguridad de estos para el uso infantil.
La Superintendencia de Industria y Comercio impuso sanción a una sociedad encargada de construir las instalaciones eléctricas y el sistema de iluminación de un conjunto residencial. Tras una visita de verificación y haberse adelantado el procedimiento administrativo sancionatorio, se evidenció que dichas instalaciones no cumplían con las exigencias establecidas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas-RETIE ni en el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP.
