El Régimen de Protección a Usuarios de Servicios de Comunicaciones – Resolución CRC 5050 de 2016-, establece que en lo que respecta a la venta de equipos terminales móviles, los proveedores de servicios de comunicaciones no pueden condicionar su adquisición a la celebración de un contrato de prestación de servicios de comunicaciones, así como tampoco, deben desconocer el derecho de libre elección que le asiste a los usuarios para terminar el contrato de comunicaciones o portar su número en cualquier momento.
La Delegatura para la protección al consumidor confirmó la Resolución No. 12752 de 2018 que sancionó a la Operadora de Turismo Holiday Experiences S.A.S por utilizar publicidad engañosa, cláusulas abusivas y omitir información a los consumidores en los planes turísticos que se ofrecen.
La Superintendencia de Industria y Comercio, negó la inscripción de la licencia de uso para la marca EPK (Mixta), de BRIDGEWOOD CAPITAL, INC. a favor de INVERSIONES PLAS S.A.
La invención, protegida mediante Resolución No. 5115 de 2019, se encuentra relacionada con el campo de la ingeniería de materiales, en especial en los enfocados a materiales absorbentes para su aplicación en el área de hidrocarburos.
Por solicitud de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Superintendencia de Industria y Comercio, en su calidad de Autoridad Nacional de Competencia, emitió concepto de abogacía de la competencia frente al proyecto regulatorio a través del cual se pretenden realizar modificaciones a la Resolución CREG 114 de 2017 “Por la cual se ajustan algunos aspectos referentes a la comercialización del mercado mayorista de gas natural y se compila la Resolución CREG 089 de 2013 con todos sus ajustes y modificaciones”.
Por solicitud de la CRC, la Superintendencia de Industria y Comercio, en su calidad de Autoridad Nacional de Competencia, emitió concepto de abogacía de la competencia frente al proyecto regulatorio a través del cual se pretende modificar la Resolución CRC 5050 de 2016, en temas asociados al servicio de voz fija.
La Superintendencia de Industria y Comercio autorizó la operación de integración entre las compañías COÉXITO S.A.S. e ÍTALO-COLOMBIANA DE BATERÍAS S.A.S.[1]
La operación consistió en la compraventa, por parte de COÉXITO S.A.S. (en adelante COÉXITO), de la marca Faico y los activos de producción industrial pertenecientes a ÍTALO-COLOMBIANA DE BATERÍAS S.A.S. (en adelante, FAICO), empleados en la fabricación de baterías automotrices.
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La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra cuatro grandes empresas de la industria química de Colombia por su presunta participación activa en la ejecución de dos acuerdos anticompetitivos relacionados con el mercado del cloro y el mercado de la importación, distribución y comercialización de la soda cáustica.