El buen gobierno es un conjunto de prácticas y principios que aseguran la transparencia, la ética y la eficiencia en la gestión pública. Según la OCDE, este enfoque se basa en la adopción de procesos responsables, que promuevan la participación inclusiva, la rendición de cuentas y el respeto por los derechos humanos. Implica tomar decisiones informadas, cumplir con los principios de equidad, y garantizar que cada proceso sea supervisado con integridad y responsabilidad.