La Superintendencia de Industria y Comercio, ratificó la aplicación de la Regla Per Se para la prohibición de acuerdos de fijación de precios, independientemente de los efectos concretos en el mercado o las intenciones de las partes involucradas. Esta interpretación responde a la necesidad de salvaguardar la libre competencia y evitar la distorsión en la formación de precios.

En el pronunciamiento se reitera que la determinación de precios entre competidores constituye una conducta anticompetitiva sancionable dado que estas prácticas limitan la competencia y afectan directamente a los consumidores, quienes pierden opciones y variedad en el mercado.