Esta Superintendencia, a través de la Delegatura para la Protección de la Competencia, presentó informe motivado sobre la conducta coordinada entre clubes de fútbol profesional colombiano y la División Mayor del Fútbol Colombiano (en adelante, DIMAYOR), que habría obstaculizado la libre contratación de jugadores en condición de “jugadores libres”. Al respecto, se concluyó que varios clubes afiliados al referido organismo habrían incurrido en un comportamiento coordinado tendiente a restringir la libre competencia económica, al limitar la contratación de jugadores que terminaron su vínculo laboral con sus clubes; particularmente aquellos que lo hicieron bajo la figura de “jugador libre”.

De acuerdo con la Delegatura, las conductas se habrían materializado a través de comunicaciones entre directivos de equipos y de la DIMAYOR, en las que se habría solicitado no negociar con ciertos jugadores, afectando su movilidad laboral. Esta práctica se habría dado en tres escenarios, a saber: (i) cuando el contrato fue terminado por justa causa alegada por el jugador; (ii) cuando fue terminado sin justa causa, pero aun así se intentó vetar su contratación y; (iii) cuando el jugador optó por no renovar, pero se exigió el pago de derechos deportivos.