En un proceso adelantado por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, la Superintendencia de Industria y Comercio analizó la validez de una cláusula penal incluida en contratos de adhesión para la compra de vivienda. 

El pacto imponía al consumidor una sanción equivalente al 30% del valor total del contrato en caso de incumplimiento, mientras que, para el proveedor, las consecuencias de no entregar la vivienda a tiempo se limitaban al pago de intereses bancarios corrientes sobre lo aportado, además de la posibilidad de desistir del contrato sin asumir sanción alguna.