El Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio concepto de abogacía con respecto al proyecto de resolución por la cual se establecen los lineamientos que se deben cumplir para la prestación de servicios ciudadanos digitales. Lo anterior, con el fin de facilitar a los usuarios el acceso a la administración pública a través de medios digitales.

Para ello, entre otros actores involucrados, definió a los prestadores de servicios como las personas jurídicas, del sector público o privado, que ofrecen los servicios ciudadanos digitales a ciudadanos y empresas y al articulador como la entidad pública encargada de coordinar y gestionar los servicios ciudadanos digitales y prestar los Servicios Ciudadanos Digitales Base a las entidades públicas.

En particular esta Superintendencia consideró importante pronunciarse sobre dos aspectos importantes del Proyecto (i) mercados creados por la regulación y (ii) rol del articulador.

En este sentido, la Superintendencia formuló las siguientes recomendaciones: (i) Incluir en el articulado del Proyecto alternativas para que en los mercados en los cuales participen los prestadores de servicios digitales se garantice la libre competencia y la neutralidad tecnológica. Esto, a través de la inclusión de disposiciones que permitan migrar los datos de los usuarios de un prestador de servicios digitales a otro, sin costos adicionales, (ii) Evitar que con los requisitos o lineamientos que se establecerán en la Guía de habilitación se constituyan barreras injustificadas de entrada en los mercados en los cuales participen los prestadores de servicios digitales y (iii) Evaluar las obligaciones de verificación y de participación en el mercado de servicios digitales en cabeza del articulador, con el fin de evitar que se desincentive la participación de prestadores de servicios digitales.