Esta Superintendencia, por medio de la Delegatura para la Protección de la Competencia, emitió el informe motivado dentro de la investigación administrativa adelantada contra varias sociedades y personas naturales vinculadas al mercado del transporte fluvial de carga en el río Magdalena. Según la Delegatura, existen elementos probatorios que indicarían que algunos operadores habrían incurrido en acuerdos para fijar precios y condiciones del servicio, restringiendo con ello la libre competencia económica.

El informe también desestimó las solicitudes de nulidad y otros incidentes procesales presentados por los investigados, al considerar que no existían vulneraciones al debido proceso. Asimismo, se constató que la conducta investigada tendría el potencial de afectar significativamente el comercio intermunicipal y el funcionamiento eficiente del mercado del transporte fluvial.

La Delegatura concluyó que persisten evidencias que justifican la continuación del proceso sancionatorio contra las empresas y personas naturales investigadas