La Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad única de protección de la libre competencia, a través del grupo de Abogacía de la Competencia emitió concepto en respuesta al Ministerio de Salud y Protección Social, sobre un proyecto de resolución mediante el cual se busca establecer los criterios y estándares para la autorización, habilitación y permanencia de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en el marco del proceso de territorialización del Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo.

Desde la perspectiva de la libre competencia económica, la Superintendencia reconoció que el proyecto introduce restricciones al acceso al mercado al limitar el número de operadores por subregión, pero consideró que estas medidas se encuentran fundadas en fines constitucionalmente legítimos, como la equidad territorial, la eficiencia operativa y la sostenibilidad del sistema de aseguramiento.