La Superintendencia estableció, de manera preliminar, que VISA y MASTERCARD habrían propuesto una estrategia compuesta de dos aspectos. Por un lado, cada compañía creó un programa propio para reemplazar las condiciones del modelo de negocio empleado por los agregadores de pagos, el cual habría generado interés en los consumidores y otros agentes de mercado, bajo el entendido de que las condiciones resultaban más favorables en comparación con el modelo tradicional empleado por las franquicias.

Por otro lado, VISA y MASTERCARD habrían enviado una serie de comunicaciones a distintos bancos con el presunto propósito de impedir que mantuvieran relaciones comerciales con los agregadores de pagos que no se acogieran a sus programas. Como los bancos serían aliados indispensables para los agregadores de pagos, las comunicaciones que enviaron las sociedades del sector financiero habrían sido idóneas para impedir que los agregadores continuaran en el mercado.