El Grupo de Abogacía de la Competencia de esta Entidad profirió concepto sobre el proyecto del DNP por el cual se pretende introducir modificaciones y adiciones al Decreto 1082 de 2015, a efectos de promover el acceso de colectivos que se encuentran marginados de la contratación estatal, entre los cuales se refiere a las MIPYMES, cooperativas y demás entidades de la economía solidaria, asociaciones de sujetos de especial protección constitucional y pequeños productores de agricultura campesina, familiar y comunitaria. Esto, para posicionar un nuevo enfoque de contratación pública que permita la realización de compras públicas inclusivas, socialmente responsables, sostenibles con el ambiente, transparentes y que promuevan la participación de toda la comunidad. 

Esta Superintendencia analizó las disposiciones del proyecto desde la óptica de la libre competencia económica y se pronunció sobre los siguientes aspectos: (i) la capacidad para contratar de las asociaciones conformadas por sujetos de especial protección constitucional; (ii) la división de procesos de contratación en lotes o segmentos que faciliten la participación de las MIPYMES, y; (iii) sobre los convenios solidarios para la ejecución de obra.