En total fueron 7 empresas y 10 personas naturales las sancionadas con más de 7 mil millones de pesos por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por el denominado cartel de subproductos de sacrificio animal, del cual provienen materiales como tejidos, órganos internos, huesos, piel, entre otros, que quedan tras el proceso de sacrificio y que no son aptos para el consumo humano.

En ese sentido, lo que pudo determinar la SIC como autoridad nacional de protección de la libre competencia económica, es que las empresas implementaron y participaron en un sistema restrictivo de la competencia en la adquisición, distribución y comercialización de estos subproductos en cinco municipios de Caldas, entre los que están su capital Manizales, Chinchiná, Palestina, Neira y Aranzazu. 

De acuerdo con la investigación, una de las empresas sancionadas (Prosan) celebró contratos de manera escrita y verbal con las empresas Surtipiel, Agrosan -hoy Sanimax- y Charry Trading, en las que estas se comprometieron a no participar en el mercado de adquisición de subproductos de sacrificio animal en los municipios anteriormente mencionados, a cambio de una contraprestación económica, además de adquirir los subproductos en exclusiva o principalmente de Prosan. 

Lo anterior aprovechando el control que Prosan ejercía sobre la Central de Sacrificio de Manizales S.A. (Frigocentro). Asimismo, y de acuerdo con la investigación, tras la decisión de Prosan de entrar en liquidación, la empresa fue reemplazada por la compañía Cercaldas en la práctica anticompetitiva, al conservar su misma estructura directiva. 

La Superindustria hizo un llamado sobre la importancia de delatar estas prácticas anticompetitivas que afectan a los consumidores, a través del Programa de Beneficios por Colaboración, para que aquellos que estén inmersos en estos carteles y decidan denunciar puedan recibir beneficios previstos por la ley que otorgan hasta la exoneración total de la multa.