Bogotá D.C. 5 de septiembre de 2025. Con fundamento en las evidencias obtenidas como resultado de visitas administrativas, requerimientos de información, declaraciones y un trabajo coordinado con otras autoridades como la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en su rol de autoridad nacional de protección de la competencia, estableció que se habría ejecutado un esquema de corrupción que afectó la libre competencia, en seis procesos de contratación adelantados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 

El sistema anticompetitivo investigado se habría materializado mediante una coordinación ilegal entre entonces funcionarios de la UNGRD y el proponente que resultó favorecido, con el presunto direccionamiento de los seis procesos de contratación adelantados en 2023 y 2024. Estos procesos tuvieron un valor total superior a 86.000 millones de pesos y estaban dirigidos a ofrecer atención prioritaria para atender situaciones de emergencia para las comunidades más vulnerables de Colombia.

En el caso concreto, la Delegatura identificó de manera preliminar que Luis Eduardo López Rosero postuló sistemáticamente a los procesos de selección de la UNGRD empresas sometidas a su control, para aparentar que existía pluralidad de oferentes y una dinámica de competencia efectiva. Sin embargo, esas empresas actuaron de manera coordinada bajo el control de López Rosero, con el fin de presentar propuestas con sobrecostos sustanciales que fueron, posteriormente, utilizados para pagar sobornos a los funcionarios y contratistas de la UNGRD involucrados en esta práctica ilegal. Entre estos se encuentran, principalmente, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, quienes se habrían encargado de direccionar los procesos a favor de las empresas controladas por López Rosero. 

Por esta conducta, que tuvo un carácter sistemático, la SIC formuló pliego de cargos contra los funcionarios y contratistas de la UNGRD que participaron en la dinámica, así como contra Luis Eduardo López Rosero, las sociedades que él controlaba y las personas que de manera activa u omisiva contribuyeron a la realización de la conducta ilegal que se presentó en este caso. 

Con fundamento en el régimen de protección de la competencia, si se acredita la responsabilidad de los investigados, la SIC podrá imponer sanciones que corresponden a multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que a la fecha suman 142.350 millones de pesos. 

Con esta actuación la SIC reafirma su compromiso de combatir activamente las conductas de corrupción que afectan la libre competencia y que comprometen el sistema de compra pública, en perjuicio de las personas más necesitadas de nuestro país.