Bogotá D.C., 4 de junio de 2025. Mediante Resolución 30838 de 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), como autoridad de protección al consumidor, reglamentó “el acceso a la información de las personas consumidoras de cigarrillos, productos de tabaco, sus derivados, sucedáneos o imitadores y los dispositivos necesarios para su funcionamiento”. 

Con el fin de materializar la garantía de acceso a la información en este tipo de productos, la Superintendencia dispuso que los productores y proveedores deben suministrar a los consumidores, en idioma español, información mínima y clara sobre aspectos como el uso, los componentes, las advertencias de seguridad, el tipo de batería, la vida útil, la garantía y demás características relevantes del producto. Esta información deberá estar disponible en las etiquetas, envases, empaques o anexos de los productos.

 En cuanto a las ventas de comercio electrónico, los proveedores y productores deberán brindar las herramientas necesarias para que esta información se suministre de manera clara y accesible antes o durante la realización del proceso de compra. 

De otra parte, es fundamental precisar que esta normativa no modifica ni sustituye las restricciones vigentes en materia de publicidad y promoción, ni interfiere con las obligaciones de tipo técnico o sanitario, cuya vigilancia y control corresponde a otras autoridades competentes, como el Ministerio de Salud y Protección Social. 

En relación con la vigencia de esta normativa, se dispuso que esta será aplicable seis meses después de su publicación en el Diario Oficial, con el fin de que los productores y proveedores ajusten sus comportamientos para el cumplimiento de la normativa. Por este motivo, se invita a todos los actores del sector a revisar detalladamente su contenido y a realizar los ajustes necesarios para garantizar el derecho a la información dentro del plazo previsto. 

La Superintendencia de Industria y Comercio reafirma su compromiso con la salud de los ciudadanos, la materialización de las políticas públicas para la prevención del consumo de tabaco, así como la efectiva protección de los derechos de las y los consumidores, promoviendo un entorno normativo que favorezca relaciones más transparentes, justas y equilibradas entre consumidores, productores y proveedores.