Tras evidenciar que el ofrecimiento de garantías de algunas empresas y personas naturales, que son objeto de investigación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), no cumplen con el propósito de suspender o modificar conductas que vulneran el régimen de libre competencia económica, para que la entidad finalice de manera anticipada la investigación, la SIC decidió rechazar estos ofrecimientos y continuar con el proceso sancionatorio.

Entre los ofrecimientos que fueron rechazados por parte de la SIC están los de Mastercard, proponentes de la Unidad Nacional de Protección, Corabastos y las ofrecidas por una persona natural que habría incumplido las órdenes impartidas en el marco de una visita administrativa.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el Despacho de la superintendente evidenció que estas solicitudes no contenían compromisos que permitieran entender que las conductas investigadas serían suspendidas o modificadas y generaran los incentivos adecuados para que no se repitieran en el mercado.

En efecto, en la mayoría de los casos, los ofrecimientos propuestos se limitaban a cumplir la ley, no suspendían o modificaban la conducta investigada, no resultaban ser estructurales y/o no se ajustaban a la política de promoción y protección de la competencia, en el sentido que podrían generar una pérdida de la facultad sancionatoria de la Superintendencia.

En el caso de Mastercard, se aclaró que la figura del ofrecimiento de garantías no es procedente cuando se convierte en un mecanismo que pueda profundizar las limitaciones a la libre competencia identificadas de manera preliminar por la Delegatura para la Protección de la Competencia. Este motivo, sumado a la falta de elementos que permitieran determinar que la conducta cesaría o sería modificada, la ausencia de medidas estructurales, y el hecho de que algunos ofrecimientos no eran acordes con la política de promoción y protección de la competencia, fue determinante al momento de adoptar la decisión de rechazo.

En cuanto a la Unidad Nacional de Protección (UNP), la superintendente rechazó los ofrecimientos de garantías realizados por algunos proponentes de los procesos de contratación adelantados por dicha entidad, al evidenciar que no cumplían con los requisitos mencionados para determinar su suficiencia. Entre las garantías que fueron descartadas, se analizaron el retiro del mercado de algunas de las sociedades investigadas, así como el ofrecimiento encaminado a vender algunas empresas que prestan el servicio de arrendamiento de vehículos blindados a la UNP, la puesta a disposición de recursos a nuevos oferentes, la desinversión de vehículos para facilitar la entrada de nuevos competidores, el compromiso de actuar como proponentes en licitaciones públicas en las que habitualmente no participaban, entre otros.

Finalmente, en el caso de Corabastos, se rechazaron las garantías ofrecidas, teniendo en cuenta el papel trascendental que juega esta corporación en la distribución nacional de productos agropecuarios para la satisfacción de las necesidades básicas de las familias, y la gestión de sus espacios físicos es fundamental para el cumplimiento de su objeto social y el impacto directo que pueden tener en los consumidores. Así, los compromisos ofrecidos no fueron considerados suficientes para eliminar los incentivos que llevaron a que Corabastos desplegara la conducta presuntamente cometida, además de que no eran estructurales, pues no eran equiparables al efecto disuasivo de una eventual sanción.