Bogotá, D.C., 20 de abril de 2026. La Superintendencia de Industria y Comercio, impuso sanciones por más de $1.379 millones a un laboratorio farmacéutico y a un mayorista por vender medicamentos por encima de los precios máximos regulados por el Gobierno Nacional, afectando los recursos del sistema de salud y el acceso de los pacientes a los tratamientos.

Las sanciones fueron impuestas a Bayer S.A., en su rol de laboratorio farmacéutico, y a la Caja de Compensación Familiar de Fenalco Comfenalco Quindío, en su rol de mayorista en la ciudad de Armenia, tras comprobarse la venta de medicamentos con sobreprecios frente a los valores máximos fijados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, en los canales institucionales.

Las decisiones se adoptaron mediante las Resoluciones No. 18856 de 2026 y No. 16791 de 2026, expedidas por la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal y corresponden a investigaciones independientes, en desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia sobre el régimen de control de precios de medicamentos.

En el caso de Comfenalco Quindío, la SIC evidenció que durante 2023 se comercializaron al menos 26 medicamentos con sobrecostos que alcanzaron hasta el 400% sobre el precio máximo permitido. Entre ellos, el medicamento Ferinject, usado para el tratamiento de la anemia, tenía un precio máximo de $82.752 y fue vendido por $413.760. Asimismo, el medicamento Depo-Medrol, utilizado para tratar enfermedades como la artritis, enfermedades autoinmunes, reumáticas y pulmonares, cuyo precio máximo era de $5.029, fue comercializado por $23.425.

En el caso del laboratorio Bayer S.A., la Superintendencia comprobó que el medicamento Neogynon, utilizado como anticonceptivo y en tratamientos para trastornos menstruales y de fertilidad, fue vendido con sobreprecios entre 26,52% y 46,81% en al menos 83.525 unidades entre octubre de 2022 y junio de 2023.

La Superintendencia reitera que exceder los precios regulados de medicamentos no es una irregularidad menor: es una conducta que afecta directamente los recursos públicos de la salud, el acceso de los pacientes a tratamientos y la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esta situación resulta especialmente sensible si se tiene en cuenta que los medicamentos objeto de la sanción son utilizados en tratamientos de uso frecuente, incluidos aquellos destinados al manejo de enfermedades crónicas y tratamientos hormonales.

La SIC continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia y control en toda la cadena de comercialización de medicamentos —laboratorios, mayoristas, gestores farmacéuticos, IPS y demás agentes— para garantizar el cumplimiento de los precios regulados, el acceso de los pacientes a los medicamentos y la protección de los recursos del sistema de salud. Estas decisiones corresponden a fallos de primera instancia y contra ellas proceden los recursos de reposición y apelación.