Bogotá, D. C., 15 de marzo de 2024. Las declaraciones de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, desconocen las facultades de policía administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio y de todas las superintendencias en general.

Las Superintendencias están investidas de facultades de policía administrativa, esto es, de la potestad de actuar bajo el principio de legalidad en un marco de discrecionalidad administrativa buscando preservar el orden público económico, los fines del Estado, el mandato constitucional y la garantía de los derechos de todas las personas.

En el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, la libre competencia se constituye en el bien jurídico que se le ha encargado proteger. Con esta finalidad la SIC tiene las facultades de investigar y sancionar prácticas restrictivas de la libre competencia en los mercados y también en los procesos de contratación estatal. 

Entre las actividades que puede realizar la SIC se encuentran las visitas administrativas. Estas diligencias están fundadas en el ejercicio legítimo de las facultades que desde hace más de 30 años le confieren a la Superintendencia de Industria y Comercio la Constitución, la Ley y los Decretos Reglamentarios. 

Es preciso resaltar que de acuerdo con la ley, las entidades públicas también son sujetos del régimen de protección de la competencia. En consecuencia, la SIC puede desarrollar sus actividades administrativas, incluyendo las visitas, frente a Entidades Públicas. 

Es importante aclarar que las preocupaciones que ha manifestado la Procuradora ya han sido analizadas por diversas autoridades jurisdiccionales, incluyendo la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales Administrativos. En múltiples decisiones judiciales que son vinculantes, esas autoridades han avalado la legalidad de las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en el marco de sus visitas administrativas.