Bogotá D.C., 25 de junio de 2025. Frente a los distintos interrogantes que han surgido en ciertos sectores de la prensa, en autoridades y representantes de los recicladores de distintos lugares del país, relacionados con la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de regulación de precios en Colombia y, en particular, de una hipotética facultad de intervención de esta entidad en relación con la compra de residuos plásticos, nos permitimos aclarar lo siguiente:

En primer lugar, a la Superintendencia no le ha sido asignada facultad para establecer o regular precios en relación con la actividad referida. Al considerarse una medida de intervención en la economía, se trata de una labor que puede ser ejecutada por el legislador o por el ejecutivo como directores de la economía, siempre y cuando identifiquen que puedan existir fallas de mercado que den lugar a la adopción de estos mecanismos de intervención.

Desde la Superintendencia recordamos que nuestro modelo de economía social de mercado impone como regla general la libertad de precios, y la adopción de precios regulados es la excepción.

En segundo lugar, es importante indicar que la variación de los precios de los bienes y servicios en las distintas cadenas de valor están sometidas a las reglas de mercado, y que es deber de la Superintendencia inspeccionar y vigilar si la modificación de esos precios se debe a circunstancias naturales del mercado o están obedeciendo a comportamientos anticompetitivos.

En este sentido, la entidad se encuentra facultada para iniciar indagaciones que busquen proteger el interés general, precisamente dirigidas a establecer la existencia o no de conductas que violen el régimen de libre competencia.

Para lograr activar esta competencia, es importante que los distintos actores del sector -en este caso son los recicladores- pongan en conocimiento de la entidad los hechos que han venido ocurriendo con el fin de que se pueda hacer un adecuado diagnóstico sobre las condiciones de competencia que puedan estar distorsionando el mercado.

En este sentido, nuestra política de agendas abiertas permite que se puedan adelantar reuniones y mesas de trabajo encaminadas a recopilar la información necesaria y suficiente para desplegar nuestra acción de inspección, vigilancia y control. 

Somos conscientes, como institución comprometida con la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de las franjas más vulnerables de la población, de la especial protección que deben recibir los recicladores. 

Lo anterior, sin ignorar que el Gobierno nacional viene desplegando una serie de políticas públicas que buscan responder de manera integral y eficaz a las problemáticas que atraviesan. 

Finalmente, queremos recordar que el diseño del modelo de prestación del servicio de aseo es competencia de los municipios, y su contribución es fundamental en la corrección de las fallas estructurales que puedan estar afectando a los recicladores.