Bogotá D.C., 3 de junio de 2025. 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha tenido conocimiento de casos recientes en los que profesionales del derecho, que prestaron servicios a esta entidad como contratistas, han ofrecido, tanto a ciudadanos como a empresas, servicios jurídicos de manera irregular. Estas personas, amparándose en su antigua vinculación, han manifestado a los usuarios de la entidad no solo una supuesta experiencia en la materia, sino tener un alto conocimiento e injerencia en los procesos que se encuentran en curso en la entidad.  

Si bien la SIC respeta el libre ejercicio de los profesionales del derecho, es importante recordar que este tipo de comportamientos constituyen una grave afectación al principio de integridad que debe regir el ejercicio profesional y podrían configurar infracciones al régimen de incompatibilidades previsto en el artículo 29, numeral 5 de la Ley 1123 de 2007, el cual prohíbe a los abogados intervenir como apoderados de manera directa o por interpuesta persona, por un término mínimo de un año o durante todo el tiempo que dure un proceso en el que hayan intervenido. 

Ante la gravedad de los hechos, esta Superintendencia ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de Abogados las conductas identificadas, con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determinen las responsabilidades a que haya lugar. La SIC del Cambio no tolera ninguna actuación que pretenda instrumentalizar la gestión institucional para beneficios particulares, en detrimento de la confianza pública y del Estado Social de Derecho. 

En este sentido, hacemos un llamado firme y respetuoso a los profesionales del derecho para que ejerzan su función con probidad, respeto por la ética y compromiso con la legalidad. El ejercicio de la abogacía no puede convertirse en un vehículo para la distorsión de los procedimientos públicos, ni para la captura indebida de recursos o expectativas ciudadanas. 

De otra parte, la Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento del deber constitucional y legal que le asiste, reitera a la ciudadanía colombiana que el acceso a los procedimientos administrativos sancionatorios, así como a las demás actuaciones administrativas adelantadas por esta entidad, es gratuito. 

Esta gratuidad es una expresión directa del mandato legal que orienta nuestras funciones, en conformidad con lo previsto en la Constitución Política, la Ley 1480 de 2011, el Decreto 4886 de 2011 y demás normas aplicables. En especial, se enmarca en la misión de velar por los derechos de los consumidores y promover un entorno institucional basado en la legalidad, la transparencia y la equidad en el acceso a los servicios públicos que presta el Estado colombiano.  

De esta forma, la Superintendencia ejerce sus competencias exclusivamente a través de los canales oficiales, físicos y digitales, dispuestos para la atención de los usuarios, sin intermediarios ni costos adicionales. En consecuencia, ningún servidor público, ni contratista, ni excontratista que se encuentre impedido, está facultado para solicitar pagos, dádivas o contraprestaciones de ningún tipo a cambio de asesorías, información privilegiada, priorización de trámites o cualquier otro tipo de beneficio relacionado con la gestión institucional. 

Finalmente, la Superintendencia reitera su compromiso indeclinable con la protección de los derechos de las y los colombianos, la legalidad de nuestras actuaciones y la defensa de la función pública. 

Invitamos a todas y todos los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad en los canales institucionales, y a consultar exclusivamente nuestras plataformas oficiales para obtener información veraz y oportuna sobre los trámites y servicios que ofrece esta entidad. 

Así las cosas, la SIC del Cambio seguirá actuando con determinación para salvaguardar el interés general, garantizar el cumplimiento normativo y mantener el más alto estándar de confianza institucional.