Recientemente, la SIC inició dos investigaciones administrativas por infracciones al régimen de competencia en procesos de contratación pública. Esto se suma a las sanciones impuestas a 136 personas en la administración de la Superintendente Rusinque, por más de 66 mil millones en la materia, destacándose un caso sancionado de manera reciente que involucró la colusión en licitaciones públicas en ocho procesos de contratación adelantados en el departamento de Nariño.

Bogotá D.C., 4 de marzo 2026. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), como autoridad única de protección de la libre competencia, continúa con el ejercicio legítimo de sus funciones de inspección, vigilancia y control en esa materia para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de compra pública. Esta es una actividad fundamental para todo el país debido a que el sistema de contratación pública es indispensable para que el Estado pueda cumplir los fines económicos y sociales que hacen parte de las iniciativas de política pública, como el desarrollo de infraestructura, la atención a niños, niñas y adolescentes y los diversos programas de inversión social. Además, que, según informes de la OCDE, para 2024, el 10,34% del Producto Interno Bruto de Colombia se canalizó a través del sistema de compra pública.

Con esta finalidad, la SIC inició dos investigaciones para determinar la existencia de prácticas de colusión que habrían afectado el adecuado desempeño de procesos de contratación pública.

La primera investigación está relacionada con una invitación pública adelantada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la prestación de los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia. La gestión se llevó a cabo en cumplimiento de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre. La actuación administrativa, que inició por una denuncia del ICBF, está orientada a establecer si los dos proponentes que son la Fundación Alianza Para El Bien Social y la Fundación Sembrando Amor Para Un Futuro Mejor, habrían coordinado su participación en el proceso con el fin de aumentar sus probabilidades de acaparar y resultar beneficiados con un mayor número de zonas que las que permitía el pliego de condiciones. El presunto comportamiento se habría presentado en cinco zonas ubicadas en el departamento de Magdalena, específicamente en el Centro Zonal de Ciénaga. En estos lugares existió un presupuesto oficial de casi 17 mil millones de pesos.

La segunda investigación se atribuye a una licitación adelantada por el Municipio de La Mesa, Cundinamarca, para desarrollar obras de infraestructura. La actuación administrativa inició por una denuncia de la Alcaldía del municipio en la que refirió una serie de elementos que sugieren la existencia de un acuerdo anticompetitivo entre tres proponentes que participaron en la licitación: Lufsacivil S.A.S., Econ Ingeniería S.A.S. y Castro Flórez S.A.S. (actualmente Sf Ingeniería S.A.S.). La alianza entre estos agentes habría estado encaminada a incrementar sus probabilidades de adjudicación y asegurar un resultado favorable a beneficio propio.

La Superintendencia resalta la colaboración activa de las entidades públicas afectadas mediante la formulación de la correspondiente denuncia y la presentación de los elementos de prueba que sugieren la existencia de una serie de factores indicativos de complicidad en procesos de contratación pública. Estos factores indicativos están relacionados en la Cartilla de Colusiones publicada recientemente por la SIC del Cambio para brindar herramientas que permiten identificar
de manera oportuna prácticas restrictivas de la competencia en el marco de los procesos de
selección adelantados en el sistema de compra pública.

Asimismo, la SIC prevé que en los próximos meses finalizará la instrucción de investigaciones relacionadas con posibles conductas irregulares en procesos de selección de alto impacto nacional. Entre estas investigaciones se destaca la referente a un presunto direccionamiento en procedimientos de contratación del Hospital Militar; otra que busca determinar posibles prácticas de colusión en las contrataciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para el suministro de vehículos destinados a brindar servicios de seguridad a personas protegidas; y finalmente, la investigación sobre posibles actos de corrupción ocurridos en procesos de contratación de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD).

El Despacho de la Superintendente hace poco sancionó a ocho personas que se dedican a la organización de eventos, apoyo logístico y diseño gráfico, por haber celebrado un acuerdo anticompetitivo en estos procesos de contratación pública adelantados por la Alcaldía de Pasto, la Gobernación de Nariño y otras entidades de esta región del país. Este caso está a la espera de
resolver los recursos de reposición. La entidad encontró que los agentes de mercado sostenían
vínculos comerciales estrechos que les permitía intercambiar información sensible para coordinar
su comportamiento en los procesos de selección.

Por último, es importante señalar que entre febrero de 2024 y la fecha, la Superintendente Rusinque ha emitido trece decisiones en casos vinculados a prácticas restrictivas de la competencia en el ámbito de la contratación estatal. En estos procesos se sancionó a 136 personas, incluyendo siete funcionarios públicos involucrados en conductas que afectaron la libre competencia, con multas superiores a 66 mil millones de pesos. Estas acciones complementan las gestiones adelantadas por el Despacho de la Superintendente, tales como la resolución de ofrecimientos de garantías en doce trámites relacionados con prácticas anticompetitivas en contratos estatales, así como la atención de treinta y tres solicitudes de medidas cautelares, destacándose las decretadas en el caso de la UNP.

Con estas actuaciones la SIC del Cambio ratifica su compromiso ineludible de lucha contra la corrupción, así como en su misión de velar por la protección de la libre competencia en el marco del sistema de compra pública. Estos son elementos fundamentales para garantizar la materialización de los objetivos de política pública encaminados a generar condiciones de desarrollo económico y justicia social en nuestro país.