La creciente digitalización de los servicios financieros ha facilitado el acceso al crédito a través de plataformas en línea; sin embargo, el crecimiento acelerado de estos servicios ha planteado importantes desafíos en materia de protección al consumidor. Así ha medida que la tecnología ha ampliado el alcance y la facilidad de acceso a estos servicios, también han surgido riesgos para Las personas consumidoras de los servicios financieros digitales, en especial en sus relaciones de consumo, las cuales se han visto afectadas por el suministro de información engañosa, la exposición a publicidad engañosa, la deficiente prestación en los servicios ofrecidos y condiciones abusivas en los contratos, entre otras.

Este contexto ha generado un incremento de quejas por posibles vulneraciones a los derechos de los consumidores relacionadas con estas plataformas digitales de préstamos. Así, entre 2022 y 2025, se registraron 1.971 denuncias y se han impuesto sanciones por más de $4.500 millones al comprobarse la infracción al régimen de protección al consumidor.

Ante esta situación, hemos advertido que una de las formas más efectivas de abordar el problema es educar a los consumidores y a la sociedad en general, priorizando herramientas preventivas en lugar de enfocarnos únicamente en la acción sancionatoria, que en última instancia constituye la última ratio de la función administrativa.