Bogotá D.C. 10 de septiembre de 2025. La Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad nacional de protección de la competencia, busca determinar si Caracol Radio y Canal 1 participaron en una operación que habría configurado una integración empresarial, sin haber cumplido el deber legal de informar a la Superintendencia, antes de materializar la operación, lo que constituye una práctica restrictiva de la competencia.

Con fundamento en las evidencias obtenidas en distintas visitas administrativas, requerimientos de información y declaraciones, la Superintendencia identificó que las sociedades investigadas habrían celebrado y ejecutado una serie de contratos que le habrían atribuido a Caracol Radio una influencia material sobre los dos elementos fundamentales de la actividad económica de Canal 1: los programas presentados en el canal y la gestión de los espacios publicitarios. De esta forma, Caracol Radio habría adquirido el control sobre Canal 1.

De acuerdo con la información recopilada por la Superintendencia, la integración empresarial entre Caracol Radio y Canal 1 se habría configurado de la siguiente forma:

• El 9 de agosto de 2024 Caracol Radio y Canal 1 suscribieron un acuerdo de colaboración que denominaron ‘Carta de Intención’. Mediante ese instrumento, las empresas investigadas habrían establecido la estrategia -a largo plazo- orientada a trasladar a Caracol Radio la gestión de los dos ejes esenciales para la operación de Canal 1, con lo cual materializarían una integración entre las compañías.
• Las comunicaciones entre los directivos de las compañías evidenciarían que el objetivo de la relación comercial era promover que Caracol Radio fuera la encargada exclusiva de la determinación de la programación de Canal 1 y la gestión de su pauta. Al respecto, los directivos establecieron que dentro de las condiciones de la relación contractual estaba que Caracol Radio tuviera exclusividad en la gestión de la parrilla y en la labor como vendedor de la pauta.
• El 26 de septiembre de 2024 las empresas investigadas habrían celebrado un contrato que habría atribuido efectivamente a Caracol Radio la potestad de fijar los contenidos transmitidos en los horarios de mayor audiencia de Canal 1. En adición, habrían pactado que la primera tendría también influencia en los aspectos relacionados con la gestión de los espacios publicitarios de Canal 1.
• De acuerdo con el material probatorio recaudado por la Superintendencia, estaría demostrado que a partir del 1 de octubre de 2024 se inició la ejecución efectiva de los contratos celebrados entre Caracol Radio y Canal 1. Desde ese día, en los horarios de mayor audiencia de Canal 1 -que abarcaron al menos 16 horas diarias de programación, entre el 70% y el 90% de la parrilla del Canal 1- se transmitieron los contenidos de titularidad de Caracol Radio, hasta el punto en que en los programas radiales de esa compañía se llegó a afirmar de Caracol Radio y Canal 1 que “vamos a ser uno solo”.
• Durante el mes de febrero de 2025, Caracol Radio y Canal 1 habrían celebrado tres contratos adicionales con los que se habría profundizado su relación comercial. En particular, esos contratos incluyeron estipulaciones en las que expresamente se encargó a Caracol Radio la potestad de realizar la gestión y venta de la publicidad disponible en Canal 1.

Es importante anotar que Caracol Radio y Canal 1 informaron a la Superintendencia sobre unos proyectos de integración empresarial en septiembre de 2024 y luego en febrero de 2025. Sin embargo, la operación que refirieron en el primer trámite es diferente de la integración empresarial que efectivamente se habría materializado entre esas compañías, mientras que el trámite promovido en febrero de 2025 sería extemporáneo, puesto que la operación investigada ya se había realizado. Por lo tanto, Caracol Radio y Canal 1 no habrían cumplido su deber legal de informar sobre la operación que efectivamente materializaron con antelación a su realización.

La actuación administrativa de la Superintendencia vincula a Caracol Radio y Canal 1, además de algunos de los directivos de las compañías que participaron en la celebración y ejecución de los contratos con los que se habría configurado la presunta integración empresarial no informada.

Con fundamento en el régimen de protección de la competencia, las personas jurídicas investigadas podrían ser sancionadas con multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que a la fecha asciende a 142.350 millones de pesos, en caso de que se acredite su responsabilidad. Las personas naturales, por su parte, podrían ser sancionadas con multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que equivalen a 2.847 millones de pesos.

Con esta actuación la SIC continúa cumpliendo su compromiso de promover y proteger la libertad de competencia en todos los sectores productivos, para garantizar mejores condiciones de acceso a bienes y servicios para los consumidores.