Bogotá D.C., 18 de marzo de 2026. La Superintendencia de Industria y Comercio, en su calidad de autoridad nacional de protección de la libre competencia, y en atención a la reciente decisión adoptada por la Procuraduría General de la Nación respecto de los funcionarios y contratistas que participaron en las visitas administrativas realizadas en marzo de 2024 en la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Relaciones Exteriores, orientadas a verificar eventuales vulneraciones al régimen de libre competencia en el marco de procesos de contratación estatal —en algunos casos relacionados con la firma Thomas Greg & Sons—, se permite manifestar lo siguiente. 

Expresamos nuestro respaldo irrestricto a las personas sancionadas, quienes son servidores y contratistas con trayectoria institucional y experiencia en la prevención y sanción de prácticas anticompetitivas; su trabajo ha contribuido a la defensa del interés público y a la lucha contra la corrupción económica a través de los principios y reglas que desde hace décadas han servido de estándar para la realización de las visitas administrativas. 

Estos procedimientos de inspección se efectuaron en ejercicio de facultades legítimas y conforme a protocolos institucionales, los cuales han sido objeto de control judicial por las Altas Cortes de Colombia, sin ser, por otra parte, objeto de cuestionamiento por parte de la Procuraduría. 

La afectación de sus condiciones laborales y la limitación de las facultades de inspección, vigilancia y control de la SIC están dirigidos a cercenar la capacidad institucional para proteger la competencia y el bien común. 

La imposición de estas sanciones a los funcionarios y contratistas de inhabilidades para contratar con el Estado hasta por cinco años y de sanciones pecuniarias de hasta 130 millones dan cuenta de la intención de reducir a su mínima expresión las funciones de esta autoridad y afectar personalmente a un grupo de servidores públicos que han demostrado su una alta consciencia ética y jurídica en la defensa del interés general. 

Desde la autoridad confiamos que en la segunda instancia se realice un examen juicioso e imparcial de la totalidad de los elementos probatorios que fueron recaudados en el marco del proceso disciplinario y confiamos en que la decisión final respetará la verdad jurídica, preservará la integridad del derecho y garantizará el normal funcionamiento de la institución en la persecución de la corrupción económica.